¿Apuestan los nacionalistas catalanes por una sanción como excusa para declarar la independencia?

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Francisco Machalskys- El estira y encoge protagonizado por la región española autónoma de Cataluña, que por espacio de ocho segundos se declaró país independiente el pasado 10 de octubre, continúa haciendo temblar los cimientos geográficos del Viejo Continente, reviviendo el fantasma del separatismo invocado por Reino Unido tras anunciar su salida de la Unión Europea el 29 de marzo de este año —respaldada además por un referéndum que impulsó el propio Gobierno británico—.

Cuna de antiguos imperios, reinos y feudos —muchos de ellos rivales entre sí—, la conformación moderna de países ha supuesto desde siempre un problema político para Europa. España, que por espacio de casi dos meses es centro de atención mundial por este tema, alberga en su seno al menos tres grupos culturales fuertemente identificados con su región y sus características idiosincráticas —que incluyen idioma propio o diferenciado, entre otras—: vascos, gallegos y catalanes.

Desafiando argumentos históricos y de orgullo regional —reales para unos, manipulados para otros—, el Estado español ha logrado ir lidiando con las amenazas independistas de tales grupos, en especial de vascos y catalanes. El tema de las independencias fue incluso parte de los argumentos que motivaron la penosa Guerra Civil española entre 1936 y 1939, que desembocó en el extenso Gobierno de facto encabezado por el general Francisco Franco, proclive a la unidad nacional. Durante su mandato fue acallado cualquier intento de proclama regional, incluso proscribiendo el habla de cualquier idioma hablado en la plataforma ibérica diferente al castellano.

Con la muerte de Franco en 1975, se impuso el sistema democrático en España —con la Constitución de 1978 y las primeras elecciones celebradas en democracia en 1977—  tras cuatro décadas de dictadura y, junto a este, el tema de las comunidades autonómicas, que desde entonces disfrutan de rango constitucional, pero siempre en el marco del respeto a la unidad nacional. Empero, instalado el gusanillo de las libertades en un país por décadas reprimido, pronto halló espacio de acción para el fomento de las viejas pretensiones independentistas, mayoritariamente impulsadas por influyentes grupos de poder regionales, expertos en manipular la pasión popular como vía para hacerse con el control político.

Grupos de tal naturaleza han tratado, en nombre del gentilicio catalán, de conseguir a toda costa una independencia acelerada, pasando incluso por encima de la voluntad de tantos ciudadanos satisfechos con compartir el orgullo de ser españoles y catalanes de manera indisoluta (si bien es cierto que en los últimos años el aumento del sentimiento independentista ha ido en aumento, y que las presiones y las negativas del Gobierno central a entablar un diálogo sobre un posible encaje de Cataluña en España no han ayudado demasiado a templar los ánimos). Así lo han demostrado en esta larga jornada de agitación iniciada el pasado 20 de septiembre, cuando empezaron los intentos por impulsar un referendo solicitando la inmediata ruptura con la unidad nacional, a celebrarse el pasado primero de octubre y declarado ilegal.

La insistencia de su celebración, de manera no concertada, devino en acciones policiales duramente criticadas por muchos y traducidas, entre otros, en varias detenciones de manifestantes a favor de la causa catalanista, y la ya consabida, efímera declaración libertaria anunciada por el presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, que a los pocos segundos diera por cancelada en espera de un diálogo con el Gobierno central.

La falta de definición en medio de esta crisis ha suscitado una movilización del Senado español, que se reunirá posiblemente el viernes 27 de octubre tras el Consejo de Ministros con la firme intención de aplicar el Artículo 155 de la Constitución. Dicho inciso facilita la adopción de “las medidas necesarias” para obligar a una zona autonómica a cumplir su compromiso de adhesión al Gobierno central. Entre las medidas estipuladas, el artículo permite la intervención de las finanzas de la región, la destitución de cargos y hasta la disolución de su parlamento.

Analistas políticos y el propio Gobierno central piden a Carles Puigdemont que apueste por una disolución del Parlamento y que convoque a elecciones como forma de neutralizar la aplicación del Artículo 155. La fecha que especulan como posible para dichas elecciones sería el próximo 17 de diciembre.

En su afán por hacer tiempo, Puigdemont y sus partidarios no parecen sopesar las consecuencias inmediatas de esta crisis nacionalista y no parece que haya intención por su parte de convocar nada. Según el Colegio de Registradores Mercantiles de España, unas 917 empresas han retirado su sede social desde Cataluña hacia otras regiones ibéricas desde el pasado 2 de octubre, materializándose una fuga empresarial cada 19 minutos desde entonces.

Otras acciones apuntan por incrementar el pánico financiero en la que se considera una de las regiones más prósperas de España. Así, la Asamblea Nacional Catalana, conminando a los ahorristas a retirar todo su dinero de la banca, en protesta a la detención de los líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Las fuerzas independentistas, por su parte, no parecen dispuestas a ceder frente a la presión en puertas a través del Artículo 155. Sergi Sabriá, portavoz del partido nacionalista ECR, ha dicho que, de cumplirse esta invocación constitucional: “No tendremos más remedio que levantar la suspensión de la declaración de independencia”, una atropellada decisión que levantó críticas y hasta rechiflas populares en contra de Carles Puigdemont.

Llama, sin embargo, la atención en cuanto a la posición de aparente neutralidad demostrada por el Consejo Europeo, pese a que en su momento expresó su pesar cuando Reino Unido hizo su impasible anuncio de retiro. En tal sentido, Donald Tusk, presidente de esta instancia, aseveró que “no hay espacio para ningún tipo de medicación en la crisis de Cataluña”, pese a tratarse de un “asunto preocupante” para el resto de las naciones que conforman la Unión Europea.