Impunidad en América Latina: el pan de cada día

justice.jpg

David Guzmán Fonseca- A algo más de un mes de las elecciones del 1 de julio de 2018 en México, el país se encuentra en medio de la discusión de una de las reformas más debatidas en los últimos años. A principios de abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero a funcionarios públicos, aquel que los protegía de ser investigados por diferentes tipos de delitos, entre ellos, el de corrupción. Uno de los más beneficiados con este tipo de protección es el presidente del país. A principios de mayo de 2018, lo que se creía que sería una fácil aprobación de la reforma se detuvo en el Senado y, por el momento, no hay signos de que esta se vaya a materializar.

El fuero apareció recogido en la Constitución de 1917 como forma de que el Poder Legislativos protegiera y mantuviera su independencia frente al Ejecutivo, y se trataba de un mecanismo que, por ejemplo, servía de blindaje a los legisladores, que gracias a este fuero no podían ser encarcelados por sus opiniones. Pero lo cierto es que, posteriormente, se extendió, y así, dichos legisladores, durante el tiempo de su mandato, no podían ser detenidos o enfrentar ningún tipo de juicio.

Eventualmente, el fuero y la inmunidad que lo acompaña fueron extendidos a gobernadores, alcaldes, jueces, funcionarios y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, entre otros. En estos casos, el fuero no evitaba que se abrieran investigaciones en su contra, pero impedía que fueran detenidos antes de que finalizara su mandato. Para el presidente, la inmunidad es vitalicia y únicamente puede ser enjuiciado por traición a la patria y delitos graves del orden común, un concepto algo confuso del que no existe completa claridad.

La reforma constitucional recientemente aprobada por la Cámara busca eliminar esta protección para gran parte de los anteriormente mencionados y abre la posibilidad de investigar al presidente por delitos “no graves” como la corrupción.

Si bien inicialmente el fuero jugó un importante papel como medio de proteger a la oposición y promover así el equilibrio de poderes, lo cierto es que los tiempos han cambiado y este ha comenzado a servir otros propósitos, y se ha terminado convirtiendo en un mecanismo de protección no para la oposición sino para la corrupción.

Algunos funcionarios públicos han venido utilizando esta protección como forma de cometer delitos sin ser investigados. En este sentido, el crecimiento del fenómeno del narcotráfico en México desde la primera década de este siglo ha creado un ambiente propicio para que funcionarios estatales se vean involucrados en negocios ilícitos.

Igualmente, ha servido también para que la corrupción se haya extendido a todos los niveles del Estado. No por nada, en el famoso escándalo de la firma brasileña Odebrecht —que pagaba grandes cantidades de dinero a funcionarios públicos en todo América Latina para ser favorecidos en contrataciones públicas— terminó tocando a México. De acuerdo con cifras de agencias de investigación del Gobierno estadounidense, Odebrecht pagó cerca de 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos. Hasta el presidente Peña Nieto se ha visto involucrado. Sin embargo, hasta ahora son muchos los acusados y pocos los condenados.

Pero lo que sucede en México no es un caso aislado. Si bien en este país a los políticos los protege un fuero, en gran parte de América Latina no se necesita un fuero para huirle a la ley. Esto obedece no solo a que los poderosos tienen la capacidad de protegerse entre ellos, sino también a que las instituciones judiciales son extremadamente débiles y muchas veces han sido cooptadas por la misma criminalidad que debían controlar.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Las Américas Puebla basado en datos de las Naciones Unidas, de los diez países en los que existe una mayor impunidad en el mundo, seis se encuentran en América Latina. México ocupa el cuarto lugar, seguido de cerca por Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua. Es decir, si de impunidad se trata, América Latina sabe cómo hacerlo. Lo importante aquí es que, aunque hay mecanismos como el fuero en México que crean condiciones para que este país sea el más impune en la región, la impunidad existe incluso en su ausencia, como resultado de un aparato judicial débil y corrupto que hace que la justicia sea para unos pocos.