El Gobierno “pierde” 1,500 menores no acompañados

 Foto: Tomascastelazo

Foto: Tomascastelazo

David Guzmán Fonseca- Recientemente, se hizo público que el Gobierno de los Estados Unidos habría perdido alrededor de 1,500 niños. Según declaraciones realizadas por un funcionario de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Sociales a un Comité del Congreso en abril de 2018, entre los meses de octubre y diciembre de 2017, se perdió el rastro de 1,475 menores no acompañados que habían sido puestos al cuidado de familiares o guardianes mientras esperaban un juicio que determinara su situación migratoria. Gran parte, si no la totalidad de estos jóvenes, había llegado a los Estados Unidos, sin ningún tipo de compañía, durante el mandato de Barack Obama.

La finalidad de enviarlos a hogares de paso con familiares, conocidos o guardianes es evitar que permanezcan en centros de reclusión mientras se define su situación migratoria. Es decir, este tipo de medidas busca otorgarles, al menos en un principio, un lugar seguro, estable y, ojalá, cercano a miembros de sus familias que ya habiten en los Estados Unidos. Sin embargo, una vez los menores son entregados a familiares o custodios, la ORR pierde toda obligación de cuidado sobre ellos y apenas hace un seguimiento a través de un par de llamadas. De estas llamadas, 1.475 no obtuvieron respuesta ni de los jóvenes ni de sus guardianes.

Cuando el funcionario de la ORR admitió frente al Comité del Congreso que estos jóvenes estaban perdidos, se refería a que gran parte de ellos no habían podido ser contactados en el mes posterior a haber sido puestos bajo la custodia de sus guardianes. Si bien esto podría indicar la posibilidad de que hubieran caído en malas manos, como ha sucedido en algunos casos en que han sido objeto de tráfico de personas u obligados a trabajar de sol a sombra, también puede indicar que muchos de estos jóvenes o sus cuidadores han cambiado de teléfono o que simplemente no han contestado a las llamadas del Gobierno.

Es este último punto el que tal vez es más importante para ayudarnos a entender la “desaparición” de estos niños y adolescentes. Debido a que el presidente Donald Trump maneja un posición claramente antimigratoria y a que su Gobierno promovió, entre otras cosas, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) revisara el estatus migratorio de todos aquellos residentes en el hogar que recibirá al menor no acompañado y deportara a aquellos en situación irregular, se debe entender que tal vez no solo los menores, sino también sus familiares deseen “desaparecer” por miedo a la detención, criminalización y deportación.

Y es que el mensaje del Gobierno actual ha sido claro: no importan los lazos familiares o la historia en este país, todos son sujetos de deportación. El miedo se ha convertido en la política pública que la actual Administración ha implementado para prevenir la inmigración (a pesar de que esta venía disminuyendo en los últimos años), pero, sobre todo, para mantener en la oscuridad a millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos.

Sin embargo, el problema con los menores no acompañados no parece terminar con estos 1,500 niños y adolescentes, todo puede empeorar aún más con las nuevas políticas gubernamentales. El Departamento de Seguridad Nacional decidió en mayo de 2018 que todos los menores que sean atrapados por las autoridades estadounidenses, incluso en compañía de sus padres, serán separados de sus familias y convertidos inmediatamente en “menores no acompañados”. Es decir, el Gobierno se encargará de separar familias, además de forzar a estos niños a perder su vínculo familiar.

Ni qué pensar del cuidado que se les daría cuando ni siquiera se les puede hacer un seguimiento a 1,500 de ellos. Las dificultades para encontrarles un hogar estable a estos jóvenes ya son sumamente grandes, ¿qué pasará cuando comiencen a crecer las cifras con los que han sido separados de sus familias en la frontera? No solo será prácticamente imposible reunirlos de nuevo con sus padres, sino que posiblemente sus familiares en el país tendrán miedo de aceptarlos ante la posibilidad de enfrentar el riesgo de deportación o criminalización por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con información obtenida por abogados defensores de estos menores acompañados, si bien en la actualidad muchos de ellos logran encontrar un hogar con familiares o guardianes, una buena proporción habita en lugares alquilados por el Gobierno, como alas de prisiones juveniles o centros de retención. A estos menores que han llegado solos o con sus padres y que serán enviados a sitios temporales, probablemente ante las nuevas regulaciones que harán más difícil encontrarles un lugar, se les terminará obligando a vivir como criminales y se les negará la posibilidad de estudiar o formarse. A estos menores será en realidad el propio Gobierno el que los pierda, al obligarlos a crecer solos, sin oportunidades y al tratarlos como criminales desde el principio.